La defensa de la vicepresidenta también pide que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de Isabel Valdecabras, la jefa de Gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo

E.A.C. La vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, comparecía la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 2 como imputada por la devolución de 55 MENA a Marruecos en agosto de 2021. En sus explicaciones, responsabilizó al Gobierno central de Pedro Sánchez de haber autorizado el plan de repatriación. Cómo ya lo había hecho anteriormente la delegada del Ejecutivo, Salvadora Mateos, y también implicada en esta causa.

Un día después de pasar por el juzgado, el representante de Deu remitía un escrito al juzgado solicitando la declaración como testigo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En un documento al que han tenido acceso varios medios de comunicación, la número dos del Gobierno de Vivas también pide al juzgado la citación del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de Isabel Valdecabras, la jefa de Gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo.

«Es útil y pertinente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en este procedimiento», dice el escrito para justificar la solicitud de estas declaraciones. Además, quiere que se interrogue a autoridades marroquíes que, dos días antes de que empezasen las devoluciones de menores, participaron en una reunión en la frontera donde se acordó el plan de retorno.

Deu como Mateos han venido defendiendo hasta ahora en sede judicial que el mecanismo elegido para devolver a los menores sin instruir expedientes de repatriación de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Extranjería, sino en base a un Acuerdo bilateral con Rabat de 2007 que igualmente exige «observancia estricta» de la legislación nacional, fue pactado con el Gobierno central con la implicación directa de Interior, Asuntos Exteriores, Derechos Sociales y Presidencia.

La carta sin firma en la que la Secretaría de Estado de Interior «rogaba» el inicio de los llamados «retornos asistidos» advertía, sin embargo, de que debería hacerse «protegiendo siempre los intereses de los menores implicados», algo que a ojos de la Fiscalía y de los Tribunales que hasta ahora se han pronunciado por la vía de lo Contencioso-Administrativo no se hizo.

El TSJA, por ejemplo ha concluido que la actuación material de la administración, «exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes».

«Los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó», dictaminó en junio en una sentencia en la que destacó que el carácter «súbito y masivo e ilegal» de la avalancha migratoria «en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley».