«Nos dejamos engañar deliberadamente por razones ideológicas y por una política entreguista que solo busca el conflicto entre españoles y la cesión descarada de nuestros derechos a los países como Marruecos»

José Soto. La información diaria es un galimatías insoportable y un latigazo permanente a conciencias y sentido común. Como un cilicio político de incalculables consecuencias dolorosas en esta España nuestra (no la de Cecilia en su patriótica canción) leemos a diario noticias estrambóticas como ésta: «Los separatistas exigen que los marroquíes voten en España en plena crisis de espionaje». O sea, quienes quieren destruir España y se alían con Putin (esto no supone ninguna línea roja para la ultraizquierda caviar ni para los socialistos), impone a un gobierno débil, complaciente y sumiso, nada menos que una «invasión» pacífica para que el reclamado Al-Andalus, llegue no por las barrigas de los embarazos de las musulmanas como proclamó Hassan II como fórmula de conquista, sino a través de las urnas con el visto bueno de los golpistas catalanes y las bendiciones de los antisistema del Gobierno.

Los mismos que quieren cargarse la Constitución y han planteado la payasada nacional de una consulta informativa por referéndum «fake» sobre Monarquía o República, ahora aportan otra desastrosa ocurrencia a un Pedro Sánchez que actualmente está muy ocupado con la regla y su sentido doloroso para que la Seguridad Social al borde de la quiebra, soporte este tipo de asistencias sanitarias como antes se hizo con el cambio de sexo o con las asistencia sanitaria a marroquíes en Ceuta, lo que ha supuesto nada más y nada menos que un gasto «extra» (en una fórmula que Alfonso Guerra denomino «café para todos») de más de 91 millones de euros, un coste sobre el que llamó la atención el Tribunal de Cuentas. Facturación -dice el Tribunal de Cuentas-, a personas sin derecho a la asistencia sanitaria y otras obligadas a su pago en el hospital de Ceuta y el comarcal de Melilla. En cuatro años sometidos a análisis, el Tribunal de Cuentas contemplando los supuestos contemplados en la Ley (embarazo, emergencias, parto, postparto y a menores de 18 años) de 2012-2016 se llevan el 87% del total del coste no cobrado por el INGESA, es decir 91,3 millones de euros de los más de 104 millones de deuda total.

Un despilfarro, una pasada, una arbitrariedad más, para las que nadie plantea líneas rojas o exigencia de responsabilidades políticas. Esta gratuidad a la población tetuaní, esa que bajo ala exención Schengen (que apoya «Ceuta ya» para que prolifere el gratis total y proteja a los que abandona Marruecos a su suerte), a la que se quiere poner coto de manera justificada y lógica, llegan a nuestra Sanidad buscando la gratuidad de nuestros servicios aprovechando una supuesta urgencia, un parto o la atención a un menor de 18 años. Y mientras los españolitos a pagar la sanidad a los compatriotas del sátrapa marroquí que busca asfixiar a Ceuta y reiterar sus pretensiones expansionistas con nuestra tierra española.

España siempre ha sido un país de pícaros, pero en estos casos nos dejamos engañar deliberadamente por razones ideológicas y por una política entreguista que solo busca el conflicto entre españoles y la cesión descarada de nuestros derechos a los países como Marruecos que quieren someternos con chantajes de todo tipo. Se trata de la España invertida, al revés, la de los pájaros disparándole a las escopetas. El desvarío brutal de políticas sin pies ni cabeza.