Por Juan Sergio Redondo Pacheco.

La influencia de Estados Unidos en Sudamérica no puede comprenderse sin atender al papel central que, durante décadas, desempeñaron los estamentos militares de los países de la región. Washington no sólo proyectó su poder mediante instrumentos diplomáticos y económicos, sino a través de una relación orgánica con mandos militares y generalatos formados e instruidos en Norteamérica, integrados mayoritariamente por élites criollas de origen acomodado. Estas élites —económica, política y socialmente subordinadas al mundo anglosajón desde los procesos de emancipación de España— asumieron ese vínculo como un signo de modernidad y progreso, diferenciándose psicológicamente de la antigua élite colonial y asociándose a una nueva élite estatal alineada con el poder emergente del siglo XX.

Países como Argentina, Chile, Venezuela o Colombia fueron exponentes paradigmáticos de ese modelo. En ellos, las fuerzas armadas funcionaron como vectores de estabilidad para un orden político y económico favorable a los intereses estadounidenses, al tiempo que actuaban como diques de contención frente a proyectos reformistas o rupturistas percibidos como amenazas.

Sin embargo, ese esquema comenzó a resquebrajarse a partir de los años sesenta y setenta. El progresivo desinterés de las élites criollas por la carrera militar, unido a la emergencia de una intensa actividad subversiva y guerrillera —especialmente visible en Venezuela y Colombia—, obligó a los ejércitos nacionales a socializarse, ampliarse y abrir sus cuadros de mando intermedios a sectores ajenos a la élite tradicional. Este proceso alteró profundamente la composición sociológica de las fuerzas armadas y, con ello, su horizonte político.

De ese caldo de cultivo surgieron figuras como Hugo Chávez y sus compañeros de armas. Su irrupción no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de un ejército que ya no respondía exclusivamente a los intereses de una minoría alineada con Washington. El posterior desarrollo del llamado Ejército Bolivariano supuso la sustitución progresiva del modelo tradicional venezolano, especialmente tras la intentona golpista que, en los inicios del mandato de Chávez, estuvo cerca de truncar su proyecto político. Aquella crisis aceleró el desmantelamiento de viejas estructuras y consolidó una nueva doctrina militar, más imbricada con el poder político y con una narrativa de soberanía nacional.

El resultado último de este cambio estructural ha sido la pérdida, por parte de Estados Unidos, de su tradicional capacidad de control indirecto sobre las élites militares venezolanas. Ante esa limitación, Washington se ha visto empujado a ensayar formas de intervención más directas sobre el Estado venezolano. Sin embargo, esa estrategia no ha encontrado, al menos por ahora, ni la adhesión del estamento militar ni la del policial, y mucho menos el respaldo de una población que no quiso —o no se atrevió— a sumarse a una operación percibida como externa. La ausencia de un movimiento militar y popular articulado ha frustrado el anhelado cambio de régimen que desde el exterior se esperaba, o incluso se daba por descontado.

La experiencia venezolana ilustra, en definitiva, los límites de un modelo de influencia basado en la cooptación de élites militares. Cuando esas élites se transforman o pierden centralidad, el poder hegemónico descubre que su margen de maniobra se reduce drásticamente. Sudamérica, con sus trayectorias históricas divergentes pero conectadas, ofrece así una lección clara: el control sostenido no se impone sólo con alianzas armadas, sino que depende de equilibrios sociales y políticos mucho más complejos y volátiles. Al asunto venezolano, por desgracia, aún le quedan capítulos, mucho más dramáticos, por escribir.