EAC. España debe reafirmar con claridad y determinación que las islas Alhucemas, al igual que las plazas de soberanía adyacentes, son y seguirán siendo parte indiscutible de su territorio. Lo fueron en 1673, lo fueron en 1925 durante el desembarco en Alhucemas, y lo siguen siendo en 2025 por razones estratégicas y de seguridad nacional.

No se trata de una cuestión anecdótica o simbólica, sino de un elemento real para proteger nuestras fronteras marítimas, garantizar el control migratorio y mantener disuasión frente a acciones que tarde o temprano podrían llevarse a cabo en un contexto de indefinición legal.

La diplomacia española, en coordinación con Defensa, debe insistir en la delimitación formal de las aguas alrededor de esas islas, incorporarlas explícitamente al marco constitucional o estatutario, y dejar sentado su estatus en convenios internacionales o en acuerdos técnicos negociados con Marruecos —siempre sin ceder en lo esencial.

Dejar sin resolver o minimizar su estatus vulnera la seguridad de nuestras costas y deja una puerta abierta a reclamaciones futuras. El impulso de la memoría histórica no basta: es hora de traducir esa legitimidad sólida en seguridad jurídica y presencia efectiva, para mostrar que la soberanía española no solo es legítima, sino también funcional y necesaria.

En definitiva: las islas Alhucemas son territorio de España, nunca fueron parte de Marruecos, y hoy son piezas clave en nuestra defensa —por eso merecen ser protegidas, reguladas y blindadas jurídicamente, sin titubeos ni vacíos.