EAC. En una democracia sana, el debate político debe ser libre, plural y valiente. Sin embargo, lo ocurrido recientemente en El Ejido demuestra, una vez más, cómo el poder político puede convertirse en una herramienta de censura cuando el mensaje no encaja en la narrativa dominante.

La decisión de algunos responsables municipales de arremeter contra una campaña política perfectamente enmarcada en el derecho a la libertad de expresión revela un preocupante sectarismo ideológico. No se trata de una discrepancia sobre los métodos o el estilo de un mensaje político; se trata de una reacción institucional que busca acallar, por medios administrativos o jurídicos, una opinión legítima y respaldada por sectores amplios de la ciudadanía. Esta actitud no solo resulta profundamente antidemocrática, sino que evidencia una vulneración consciente y deliberada de derechos fundamentales.

La indignación de las autoridades no nace del contenido del mensaje en sí, sino del temor a que la crítica expuesta pueda encontrar eco entre quienes viven a diario las consecuencias de ciertas políticas. El intento de silenciar ese malestar no puede ocultar una realidad evidente: las políticas migratorias aplicadas durante años han fracasado en términos de integración y seguridad. Lejos de promover un modelo de convivencia, se ha fomentado una inmigración sin control ni exigencias de adaptación cultural mínimas, favoreciendo la importación de sistemas de valores incompatibles con la libertad individual y, muy especialmente, con los derechos de las mujeres.

Resulta profundamente hipócrita que quienes promueven discursos de igualdad y tolerancia se muestren ciegos —cuando no cómplices— ante realidades que colocan a muchas mujeres en situaciones de subordinación y peligro. La coexistencia forzada con formas de vida que no reconocen ni la igualdad jurídica ni la libertad de las mujeres no es multiculturalismo: es rendición.

La libertad de expresión política no puede estar condicionada a los gustos del poder de turno. Y cuando quienes gobiernan optan por perseguir una opinión crítica en vez de rebatirla con argumentos, lo que están revelando no es superioridad moral, sino miedo. Miedo a que la verdad se diga en voz alta. Miedo a que los ciudadanos despierten y exijan cuentas. Y miedo, sobre todo, a que los silencios que tanto han protegido empiecen a romperse.