EAC. El caso del Sáhara Occidental no es solo una herida abierta en el tablero de la descolonización global, sino también una prueba de fuego para la coherencia ética y política de Europa. Y en esa ecuación, Francia juega un papel que no puede describirse de otro modo que como cómplice y beneficiario activo de una ocupación ilegal y violenta.

Desde la retirada española en 1975, Marruecos ha ocupado el territorio saharaui en abierta violación del derecho internacional, ignorando las resoluciones de Naciones Unidas y aplastando las aspiraciones legítimas de un pueblo a decidir su destino. Sin embargo, lo más escandaloso no es solo la persistencia de esta ocupación, sino el papel protector que Francia ha desempeñado durante décadas, encubriendo, respaldando y normalizando una política de anexión bajo el disfraz del «realismo político» o de la «estabilidad regional».

Francia no es un espectador neutral, sino un actor interesado y profundamente involucrado en la perpetuación del conflicto. Ha utilizado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad para neutralizar cualquier resolución que permita imponer una solución justa conforme al derecho internacional. Boicoteó los planes de paz más avanzados, como los Planes Baker, e impulsó la llamada “tercera vía”, una propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí que no contempla la opción de independencia. Detrás de esta estrategia no hay otra cosa que la protección de intereses económicos y geopolíticos: acceso a recursos estratégicos, mantenimiento de su influencia en el Magreb, y defensa de conglomerados empresariales franceses que operan en el territorio ocupado al margen de la legalidad internacional.

El muro de más de 2.700 kilómetros que divide el Sáhara Occidental, financiado y mantenido con apoyo técnico y militar de países como Francia, es hoy el símbolo físico de esa complicidad. Una estructura de control territorial diseñada no para proteger civiles, sino para consolidar una ocupación que saquea fosfatos, pesca y minerales en beneficio de empresas foráneas.

No es casual que esta alianza franco-marroquí también tenga un eco inquietante en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, donde Marruecos mantiene reivindicaciones infundadas y provocadoras sobre la soberanía española. Y aún más preocupante es la pasividad cómplice del Estado español, que actúa como rehén de sus propias debilidades diplomáticas, temeroso de tensar una relación bilateral con Rabat y sin el coraje de asumir su responsabilidad histórica y legal como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, según el Derecho Internacional.

España no puede seguir lavándose las manos mientras Francia respalda abiertamente una estrategia de ocupación y despojo. La inacción de Madrid no solo compromete la dignidad de la política exterior española, sino que contribuye a la normalización de una ocupación colonial que el derecho internacional condena sin ambages.

La defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui, el rechazo frontal a las maniobras de legitimación de la ocupación y la protección efectiva de los territorios españoles del norte de África no son opciones ideológicas: son deberes de Estado, anclados en el derecho internacional y en la dignidad nacional.

En este contexto, el silencio o la ambigüedad son formas de traición. La comunidad internacional debe asumir una verdad incómoda: el conflicto del Sáhara Occidental persiste porque Francia lo respalda, Marruecos lo ejecuta y España lo permite. Solo enfrentando esta realidad con determinación podrá comenzar el camino hacia una solución justa y definitiva.