EAC. La situación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha traspasado hace tiempo el límite de lo tolerable. Las noticias que emergen, a pesar del cerco de opacidad impuesto por su dirección, revelan un escenario inquietante de impunidad, violencia y silencios cómplices. Un caso reciente, ampliamente difundido, relata cómo un inmigrante guineano agredió sexualmente a una enfermera del centro. La reacción del director, lejos de estar a la altura de la gravedad del hecho, fue minimizar lo ocurrido, casi normalizándolo como un simple incidente.

El relato que emerge desde dentro del CETI –en testimonios de trabajadores y medios locales– dibuja un entorno cada vez más hostil, en el que los episodios de violencia, acoso e intimidación se repiten con frecuencia preocupante. Lo alarmante no es solo la existencia de estos actos, sino la actitud del máximo responsable del centro: una estrategia de maquillaje sistemático de la realidad, intentando ocultar los hechos más graves bajo una narrativa de falsa normalidad.

¿Dónde están las autoridades? ¿Cómo es posible que, ante hechos tan graves como una agresión sexual a una profesional sanitaria, la respuesta institucional sea el silencio o, peor aún, la complicidad con quien parece más preocupado por proteger una imagen política que por garantizar la seguridad y dignidad de los trabajadores del centro?

La dirección del CETI ha convertido la gestión del centro en un ejercicio de opacidad. No se rinden cuentas. No se asumen responsabilidades. Se protege al agresor, incluso proporcionándole alojamiento en un hostal cercano, mientras se ignora a la víctima. Esto no es una política de acogida: es una política de sumisión ideológica que pone en riesgo a personas reales, concretas, vulnerables.

La conflictividad interna entre residentes también ha aumentado, y las tensiones que se viven dentro del CETI apuntan a una gestión ineficaz, que ni protege ni organiza adecuadamente la convivencia. Los trabajadores denuncian un clima insostenible, pero sus voces son silenciadas o desestimadas.

Es urgente que la Delegación del Gobierno actúen con responsabilidad. No se puede seguir mirando hacia otro lado. El CETI de Ceuta no puede ser un agujero negro de derechos, donde el oscurantismo se impone al deber de transparencia, y donde la ideología pesa más que la seguridad, la legalidad y la protección de las víctimas.

El respeto a los derechos humanos empieza por respetar también a quienes trabajan cada día en primera línea. Y hoy, en el CETI de Ceuta, ese respeto brilla por su ausencia.