EAC. Una vez más, Ceuta vuelve a ser el epicentro de un tablero en el que se juega una partida geopolítica desigual y perversa. Y, como ha ocurrido en demasiadas ocasiones, los peones de esa partida son los menores marroquíes, arrojados a las playas de Ceuta bajo el disfraz de una «crisis puntual», cuando en realidad son víctimas de una estrategia perfectamente orquestada.

Cada cierto tiempo, y coincidiendo curiosamente con periodos de tension política entre España y Marruecos – el asunto del Sáhara es omnipresente – se produce un fenómeno tan previsible como alarmante: la relajación súbita del control fronterizo por parte de las autoridades marroquíes. De la noche a la mañana, la vigilancia en el perímetro desaparece y, sin previo aviso, decenas de menores logran cruzar hacia Ceuta. No es casual. No es un fallo. Es un aviso.

España, superada por la rapidez y el volumen de estas llegadas, reacciona tarde y mal. La saturación de los servicios locales de asistencia a estos menores, ya colapsados por la acumulación crónica de estos jóvenes marroquíes, rápidamente dan lugar al grito desesperado del gobierno de Vivas. Desde el otro lado del Estrecho, el silencio. Mientras tanto, Marruecos observa.

Hasta que llega la llamada. España cede. Y, entonces, mágicamente, Marruecos retoma sus funciones de vigilancia fronteriza. Lo que había dejado de hacer sin explicación alguna vuelve a ponerse en marcha, no por compromiso humanitario, sino como señal de que el mensaje ha sido recibido y la presión ha surtido efecto.

Para cerrar el círculo, acto seguido algunos medios locales se encargan de lavar la imagen del episodio. Publican titulares que hablan de acciones «improvisadas» o “estacionales”, como si medio centenar de menores cruzando una frontera europea a nado fuera un fenómeno espontáneo y natural. La narrativa se encamina a justificar lo injustificable y a blanquear una maniobra que tiene un nombre: chantaje.

Ceuta no puede seguir siendo el rehén silencioso de una política exterior basada en la extorsión migratoria. Utilizar a menores como herramienta política es una vulneración ética que debería escandalizar a cualquier institución europea. Pero, por ahora, parece ser que Marruecos es exonerado de cualquier responsabilidad precisamente por quienes deberían recriminar y sancionar su conducta. Sin duda, el lobby promarroquí hace bien su trabajo en Ceuta, Madrid y Bruselas.