EAC. En los últimos años, España ha sido testigo de un fenómeno preocupante que ha pasado, en gran medida, bajo el radar de la opinión pública. Se trata de la influencia creciente del lobby promarroquí que, con una estrategia sostenida en el tiempo, ha logrado establecer una red de presión política y mediática orientada a moldear los intereses nacionales según sus propios objetivos geopolíticos.

Esta estructura de presión no se limita a la diplomacia tradicional. Opera a través de múltiples capas: penetración en centros de decisión en Madrid y Bruselas, captación de voluntades políticas en las instituciones autonómicas y locales —especialmente en puntos estratégicos del mapa geopolítico como Ceuta y Melilla— y una operación mediática sutil, pero efectiva, destinada a modificar el relato público sobre asuntos sensibles como la soberanía territorial, la cooperación en seguridad o el tratamiento de los conflictos internacionales.

Una parte fundamental de esta maquinaria se ha centrado en la colocación de personas afines o directamente vinculadas a los intereses del país promotor de esta estrategia en posiciones clave dentro del sistema político-administrativo. Desde asesorías institucionales hasta cargos intermedios en partidos políticos, pasando por organismos que operan en el ámbito de las relaciones internacionales, esta infiltración está diseñada para influir decisiones desde dentro, sin levantar sospechas.

En paralelo, medios de comunicación —tanto nacionales como regionales— han recibido financiación o apoyos indirectos que les permiten reproducir sin cuestionamiento alguno los marcos discursivos que benefician esta narrativa. Este tipo de campañas de normalización mediática buscan alterar la percepción ciudadana sobre temas históricamente sensibles, especialmente en territorios como Ceuta y Melilla, donde se han producido movimientos preocupantes hacia una aceptación acrítica de discursos ajenos a la soberanía nacional.

Todo ello ocurre mientras ciertos informes elaborados por los servicios de inteligencia españoles llevan años señalando esta actividad como una amenaza potencial. Informes que, sin embargo, no han visto la luz ni han motivado respuestas institucionales contundentes. El silencio oficial es tan llamativo como elocuente. No se trata solo de falta de acción: se trata, en muchos casos, de complicidad pasiva.

Esta situación plantea preguntas incómodas. ¿Cuánto vale una voz en el Parlamento europeo o español ? ¿Qué precio tiene una columna de opinión en un medio regional? ¿Quién decide qué se publica y qué se oculta cuando hay intereses diplomáticos, económicos o personales en juego?

España necesita un debate transparente sobre la soberanía informativa y política. Es urgente establecer mecanismos de control más robustos, revisar con firmeza los canales de financiación extranjera en los medios de comunicación y reforzar la seguridad institucional ante estrategias de infiltración blanda. Porque cuando la influencia externa se normaliza, la soberanía comienza a erosionarse por dentro. El silencio, en estos casos, no es pasividad. Es traición.