Arnaldo D. Torroja. El conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo una herida abierta en el seno del derecho internacional. A más de cuatro décadas del abandono del territorio por parte de España y de la posterior ocupación militar marroquí, la comunidad internacional continúa en deuda con un pueblo que, pese a las promesas, aún no ha podido ejercer su derecho legítimo a la autodeterminación.

La situación es clara desde el punto de vista jurídico. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue tajante en 1975: Marruecos no posee ningún vínculo de soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental que justifique su presencia. El dictamen del tribunal desmiente cualquier pretensión histórica que busque justificar la anexión forzada de ese territorio.

A pesar de ello, la ocupación marroquí persiste, acompañada de una estrategia sistemática de represión, colonización demográfica e impedimento del ejercicio de los derechos políticos y sociales de la población saharaui. Frente a este escenario, el único camino legítimo y pacífico es aquel que la propia Organización de las Naciones Unidas ha definido: la realización de un referéndum de autodeterminación, basado en el censo de 1974.

La distorsión de este principio fundamental ha sido una de las principales herramientas del ocupante para demorar indefinidamente la solución al conflicto. Sin embargo, ni el tiempo ni la propaganda pueden anular un derecho inalienable. La autodeterminación no es una concesión política, sino un principio fundamental reconocido por la legalidad internacional.

En este contexto, resulta imperativo que España, como potencia administradora de iure del territorio, asuma las responsabilidades que nunca debió eludir. La descolonización inconclusa del Sáhara Occidental no puede seguir siendo una sombra en la política exterior española. La experiencia portuguesa con Timor Oriental, donde Lisboa asumió su papel en la conducción hacia un referéndum supervisado internacionalmente, demuestra que es posible —y necesario— actuar con responsabilidad histórica y jurídica.

Retomar el liderazgo en este proceso no sólo es un deber moral, sino una exigencia legal. El silencio o la pasividad equivalen a complicidad con una ocupación ilegal. La historia no absuelve a quienes se desentienden del sufrimiento de un pueblo despojado de su tierra y su destino.

Es hora de actuar. El referéndum no puede seguir postergándose. El derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro debe cumplirse sin más dilaciones. La legalidad internacional, la ética política y la dignidad humana así lo exigen.