EAC. Pocas cosas dañan más a una democracia que la compra velada de voluntades políticas a través del presupuesto público. En Ceuta esta práctica se ha convertido en una rutina institucional tolerada –e incluso promovida– por quien más debería velar por la ejemplaridad: el presidente Juan Vivas. Tras más de dos décadas en el poder, el líder del Partido Popular ceutí ha terminado de romper cualquier vínculo con la regeneración democrática al normalizar la dependencia de votos tránsfugas y la cesión sistemática a sus peticiones, incluso cuando estas comprometen los principios básicos de legalidad, seguridad y lealtad institucional.

El ejemplo más reciente –y preocupante– es el generoso y continuado flujo de dinero público hacia la entidad, supuestamente, mas representativa del colectivo musulmán a nivel nacional  – la Comisión Islámica de España (CIE) – pero cuyos antecedentes e historial invitan más a la cautela que a la financiación. Hablamos de casi un millón de euros canalizados desde las arcas municipales en apenas siete años, sin una justificación clara ni una fiscalización efectiva. Una subvención que no solo se ha mantenido, sino que ha sido aumentada a petición de uno de los diputados tránsfugas que apoyan sistemáticamente al actual Ejecutivo local.

Vivas, lejos de rechazar este tipo de maniobras o de exigir explicaciones, ha preferido mirar hacia otro lado, consciente de que su comodidad política depende de esos votos tránsfugas, a todas luces, condicionados. El problema ya no es solo la falta de ética política o la sumisión a intereses personales; es que con tal de aferrarse al sillón, el presidente de la Ciudad está dispuesto a financiar estructuras que, como mínimo, generan graves dudas sobre su compromiso con el Estado de Derecho y los valores constitucionales. En algunos casos, incluso, con personas en su entorno vinculadas a investigaciones y detenciones por radicalismo islamista.

El transfuguismo, por sí solo, ya supone una degradación democrática. Pero cuando además se convierte en vehículo para canalizar recursos públicos hacia entidades opacas, sin controles, y con antecedentes tan sensibles, el asunto adquiere una dimensión mucho más grave. Se trata, en definitiva, de una forma encubierta de clientelismo político con implicaciones en la seguridad y la cohesión social de la ciudad.

Ceuta no puede permitirse seguir pagando la factura del apego al poder de Juan Vivas. No a costa de premiar a quienes abandonan sus siglas para lucrarse económicamente u obtener un beneficio laboral. No a costa de financiar sin control a organizaciones que deberían ser objeto de vigilancia, no de subvención. Y, sobre todo, no a costa de la confianza de los ceutíes en sus instituciones.

Es hora de dejar de normalizar lo inaceptable. La estabilidad no puede sostenerse sobre cimientos tan corruptos. Porque cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo, lo que se debilita no es solo el gobierno: es toda la democracia.