EAC. Resulta cada vez más evidente que algunos sectores del sistema bipartidista han emprendido una auténtica cacería contra VOX. Lo que antes se manifestaba en vetos, silencios mediáticos o campañas de desprestigio, ahora se traduce en propuestas abiertamente antidemocráticas: ilegalizar al partido por sus ideas.

La excusa es siempre la misma: que sus planteamientos son «peligrosos» o «radicales». Pero lo que realmente preocupa a quienes han gobernado durante décadas no son los discursos, sino el respaldo creciente que VOX cosecha en las calles y, especialmente, entre los más jóvenes. Las encuestas reflejan una tendencia constante al alza, que amenaza con trastocar el equilibrio de poder mantenido artificialmente por el bipartidismo y sus satélites.

Cuando un partido político no puede ser vencido en las urnas, intentar eliminarlo por decreto es una señal de debilidad del sistema. Es un acto de desesperación, impropio de una democracia sólida. No se combate una opción legítima prohibiéndola, se la enfrenta con argumentos. No se elimina al adversario recurriendo a tribunales, se le derrota con propuestas que conecten con la ciudadanía.

Pretender ilegalizar a un partido por expresar opiniones que, aunque incómodas para algunos, están amparadas por el marco legal y constitucional, supone un ataque directo a la pluralidad política y al derecho de los ciudadanos a decidir libremente. Es abrir la puerta a una deriva autoritaria en la que cualquier discrepancia con la corriente dominante puede ser criminalizada.

Más allá de siglas, lo que está en juego es algo mucho más grave: la libertad política. El intento de borrar del mapa a una formación por sus ideas no solo traiciona los principios democráticos, sino que refleja un profundo miedo. Miedo a que una parte creciente de la población ya no se cree las mentiras de siempre. Miedo a que el relevo generacional no se conforme con promesas vacías ni con una alternancia aparente entre partidos que, en lo esencial, ya son indistinguibles.

Frente a esto, solo cabe una respuesta: defender sin complejos el derecho de todos a participar en el juego democrático. Quienes confían en sus ideas no temen al voto. Quienes respetan la democracia no eliminan rivales, los enfrentan con la fuerza de la razón.

Ilegalizar a VOX sería abrir una herida en el sistema democrático que no cerrará fácilmente. Si hoy se persigue a unos por hablar claro, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier otra voz que incomode al poder. Por eso, más allá de ideologías, toca alzar la voz y recordar una verdad sencilla: la democracia se defiende con libertad, no con censura.