EAC. El reciente anuncio de Comunes sobre una denuncia ante la Fiscalía contra Santiago Abascal y dos diputados de Vox por un supuesto delito de odio, supone mucho más que una iniciativa jurídica: marca una tendencia preocupante en la politización del sistema penal. Según consta en la denuncia presentada, se acusa a los dirigentes de Vox por discursos vinculados a la inmigración ilegal, en especial a la musulmana de origen magrebí, alegando deslegitimación pública de un grupo por nacionalidad.

Históricamente, el delito de odio está pensado para proteger a colectivos vulnerables frente a discursos que fomentan violencia, humillación o exclusión por motivos como origen nacional o religión . Sin embargo, el fenómeno del «lawfare» — uso del sistema judicial como arma política para silenciar al adversario — se nutre habitualmente de ésta tipología penal utilizándola como recurso jurídico habitual con el que silenciar al adversario político.

Cuando se denuncian sistemáticamente discursos que cuestionan la inmigración ilegal, especialmente a la de origen musulmán, sin evidencia de incitación violenta concreta, el proceso jurídico se convierte más en un castigo político que en una defensa ciudadana legítima.

Es cierto que la fiscalía y los tribunales deben intervenir cuando existe clara incitación al odio o criminalización colectiva. No obstante, la doctrina del Supremo exige analizar con rigor el contexto, la intencionalidad y la gravedad del mensaje. Desde la libertad de expresión, ciertos discursos críticos de la inmigración —por ásperos o controversiales que sean— pueden quedar amparados incluso cuando resulten ofensivos, si no se dirigen explícitamente a provocar violencia o discriminación.

Según relatos de afectados (fundamentalmente vinculados a Vox), las denuncias terminan archivándose o no prosperan; pero sirven como intento con el que frenar la difusión de esas opiniones y generar miedo entre quienes podrían expresarlas. Se califica este enfoque como una estrategia de intimidación ideológica, donde la amenaza legal busca someter al adversario político .

En una sociedad plural, el debate público debe incluir el cuestionamiento de políticas migratorias y sus efectos sociales, sin que eso se convierta automáticamente en delito. Pero también debe garantizar que no se crucen líneas abiertamente delictivas. La clave está en evaluar caso a caso, sin instrumentalizar la Fiscalía para cerrar bocas incómodas.

Indudablemente, el uso trivial del delito de odio para castigar a políticos críticos con la inmigración ilegal acabará debilitando la credibilidad de esta figura legal. Más que para proteger, puede convertirse en un instrumento de silencio selectivo: lawfare disfrazado de punitivismo moral.