EAC. Un 17 de julio de 2002, hace ahora 23 años, la aparición inesperada de gendarmes marroquíes en el islote Perejil —un islote deshabitado de soberanía históricamente española a medio camino del Estrecho de Gibraltar— desencadenó una crisis diplomática de gran calado. A pesar de la contundente respuesta militar española —la Operación Romeo‑Sierra—, el manejo político y diplomático por parte del gobierno de José María Aznar y muy especialmente de su ministra Ana Palacio dejó secuelas que aún perduran.

La decisión de recuperar Perejil mediante acción militar —aunque exitosa desde el punto de vista operativo— fue tomada con rapidez (el objetivo se cumplió el 17 de julio) pero sin una preparación diplomática eficaz. Aunque Aznar y Trillo habían previsto garantías internacionales, la diplomacia española no había logrado el consenso previo en la UE o en la OTAN, lo que aisló a España en los primeros días.

Ana Palacio, recién nombrada para dirigir la diplomacia española, afirmó en público que se priorizarían las negociaciones y descartó el uso de la fuerza: «la fuerza… uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina» dijo. A la vez, agradeció públicamente a Colin Powell su mediación, revelando el escaso margen político internacional que España había cultivado previamente. Es paradójico: mientras España se preparaba para una intervención militar rápida, la jefa de la diplomacia parecía desincronizada con esa estrategia.

Aunque España recuperó el islote, la validación internacional del «statu quo ante bellum» —retirada de ambos bandos sin mantenimiento de un símbolo de soberanía española— dejó la cuestión abierta. No hubo tratado ni reconocimiento internacional inequívoco de la soberanía española sobre Perejil, y el hecho de que Marruecos pasara de no tener derechos efectivos a ser un actor relevante en la reclamación de soberanía del islote es resultado directo de una gestión diplomática poco estratégica.

Además, la crisis no solo atrajo atención internacional sobre un hecho hasta ese momento incuestionado a ese nivel, sino que reabrió el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Lo que había sido un asunto bilateral hasta 2002 escaló hasta convertirse en una discusión en la UE y la prensa mundial. Mientras la mayoría de la UE apoyó a España, Francia y otros países optaron por posiciones más comprensivas con Marruecos, lo que evidenció la falta de labor diplomática proactiva española antes del conflicto.

La actitud de Rabat después del incidente —contestada con mediaciones y negociaciones finales que incluyeron ofertas como la cesión de Chafarinas a cambio de Perejil, propuesta que España rechazó— revela que Marruecos consiguió posicionarse como parte legítima en la cuestión territorial, algo que antes del conflicto no estaba en disputa pública. El resultado es que Perejil dejó de ser una cuestión sin entidad para convertirse en un símbolo del contencioso fronterizo hispano-marroquí.

Eso sí, uno de los principales beneficiarios del impostado discurso militarista implementado por el aznarismo y que siguió a esta crisis, fue el Partido Popular en Ceuta, que aprovechó la narrativa de defensa del territorio para consolidar su hegemonía política. El inestable gobierno de Juan Vivas, que había surgido de una moción de censura apoyada por tránsfugas exgilistas, capitalizó la situación para fortalecer la posición de su nuevo lider, presentándo al PP local como baluarte frente a la amenaza marroquí. Este impulso simbólico derivó en un control político prácticamente absoluto que ha durado más de dos décadas, con consecuencias graves para la pluralidad democrática y el desarrollo institucional en la ciudad autónoma. La exaltación de ese acontecimiento en clave local encubrió la instauración de un régimen político profundamente personalista y cerrado al cambio.

En definitiva una crisis gestionada con un exceso de protagonismo militar y con una diplomacia lenta, poco coordinada y reactiva. Una oportunidad perdida para convertir una operación militar eficaz en una victoria diplomática duradera, y que, sin duda, arroja una lección: ganar sobre el terreno no siempre equivale a ganar el relato internacional, especialmente cuando políticamente se llevan años sin tener los deberes hechos.