La defensa de Salvadora Mateos, delegada del Gobierno hasta el pasado lunes, ha presentado además un escrito donde alega falta de capacidad volitiva por un tratamiento médico

E.A.C. La abogada del Estado y el secretario general de Delegación del Gobierno han asegurado que no avalaron la repatriación de 55 Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) marroquíes a su país. Así lo han asegurado en sede judicial, donde han sido llamados por la jueza que investiga lo sucedido en agosto de 2021 en la causa en la que están imputadas la hasta el pasado lunes delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu.

La abogada del Estado, Zaida Fernández, desempeñaba esas funciones en agosto de 2021 cuando 55 MENA fueron repatriados, pero ha explicado que no ofreció asesoramiento legal alguno al respecto a Mateos. Ella e Ismael Kasrou, que continúa en el mismo puesto, han declarado como testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que instruye las diligencias abiertas a instancias de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación continuada contra Mateos y Deu.

Según ha informado la Red Española de Inmigración, Fernández explicó que Mateos pidió «un informe verbal», en el que la abogada del Estado habría advertido de que el proceso no reunía todas las garantías legales. No obstante, parece que este informe verbal no se produjo antes de la decisión.

Además, se ha conocido que la defensa de la exdelegada del Gobierno ha presentado un escrito médico donde alega falta de capacidad volitiva de Mateos a raíz de su tratamiento médico oncológico. Un medio para restar trascendencia a su testifical de primeros de octubre, cuando aseveró que Interior no decidió el procedimiento concreto que se aplicó para la repatriación de los niños sin aplicar la legislación española vigente.